1.28.2011

Transporte público en La Plata: micros viejos y en pocas manos

Más del 70% de las unidades de las líneas municipales que circulan por La Plata supera en un 30% el máximo de antigüedad permitido, pero las empresas conservan la concesión de un servicio que utilizan 250.000 usuarios cada día

Por Víctor Laurencena
Equipo de investigación (2010): Víctor Laurencena, Juan Pablo Corte, Lucrecia Lazzaro, Julia Del Pecho, Damián Mosetti.

En La Plata circulan 52 líneas de colectivos. Cinco de ellas, las 200 y las 300, son intercomunales (se mueven en jurisdicción provincial). El resto, 47 líneas, funciona bajo la órbita de la Municipalidad, con un total de 307 unidades en circulación, según la Dirección de Transporte y Tránsito. De la zona Este son 111; de la Oeste, 108; de la Sur, 47; y de la Norte, 41. 
De esos 307 micros, el 72%, supera los 7 años de antigüedad permitidos por la ordenanza nº 7388, por lo que la Municipalidad estaría en condiciones de retirarles la concesión, algo que ya hizo el año pasado con 4 líneas en manos de Línea 18 SRL.

La antigüedad
Según un listado de parque móvil obtenido en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en febrero de 2009, el 64% de los micros superaba los diez años de antigüedad; y el 87%, los seis; la Dirección de Transporte Municipal fue reacia a brindar esa misma información. 
En promedio, las unidades tenían 12 años mientras que el promedio nacional, según la CNRT, era de 8,4. Es decir, en La Plata es un 30% más antiguo que el resto del país.
La normativa que regula el transporte público (la ordenanza Nº 7388 y su decreto reglamentario, el 2059/90) establece la antigüedad permitida a las unidades. Ningún vehículo debe superar los 7 años y, sólo como resultado de una situación extraordinaria, puede prorrogarse año a año hasta llegar a los 10, fundamentando dicha solicitud de excepción. Y, según el abogado Daniel Zuccarelli (ex Jefe de Departamento de Planificación y Control de Transporte de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de La Plata), "un micro regular de línea no es un caso excepcional". Además, el promedio de la flota de una línea específica no debe superar los 6 años.
     La cuenta es muy sencilla: hay que sacar el promedio de antigüedad de las unidades del parque móvil de una línea y, si es mayor a 6 años, no podría circular. En ese caso, hay que bajar el promedio adquiriendo nuevas unidades. Hay que tener en cuenta que los micros circulan casi todo el día, por lo que el desgaste es mucho mayor que el de cualquier vehículo particular.





El antecedente
En mayo de 2009, la Dirección de Tránsito intimó a la Línea 18 SRL —ex concesionaria de las líneas 18, 19, 61 y 62 de la zona Este— a que renovara las unidades de su flota. Debido al incumplimiento de ésta y otras intimaciones, dos meses después el decreto nº 720 estableció la caducidad de la concesión y les cedió las líneas a la Empresa Línea 7 y a Unión Platense.
Según publicó el El Día, el 6 de mayo del año pasado "fuentes municipales" señalaron que los micros tenían, en promedio, "una antigüedad superior a 14 años".  En el artículo 4º, dicho decreto establece que las unidades a incorporarse no deberán tener más de 10 años. "De esta forma estaremos mejorando sustancialmente la calidad de los servicios", habría dicho una "fuente municipal". Sin embargo, en esas líneas existen hoy al menos 6 unidades que exceden dicha antigüedad, e incluso hay un modelo 1991.

    (Micro de la zona Este con patente RLN165. Modelo 1991)

"Habría que preguntarle al intendente"
"Son cosas que se escriben, está la intención y después está la realidad", explicó Hugo Osimi, uno de los jefes del departamento de la Dirección de Transporte y Tránsito, ante la pregunta sobre la regularidad en los controles. El decreto 2059 en sus artículos 64 y 65 establece que las unidades tendrán una inspección técnica y una desinfección cada 60 días, trámites complementarios a la VTV anual que todo vehículo debe realizar, público o particular.
 El funcionario puntualizó que las inspecciones no se hacen porque no tienen personal, ni recursos. "Habría que preguntarle al Intendente", dijo, y le pasó la pelota a Pablo Bruera. Según Osini, la desinfección, que debería ser cada dos meses, se hace sólo ante las denuncias de los ciudadanos. "Andá a encontrar los vehículos, y menos cada 60 días", se justificó. También dio conocimiento de que los vehículos deberían tener ascenso y descenso para discapacitados, requisito que no cumplen.
Según Zuccarelli, la VTV (Verificación Técnica Vehicular) por sí misma no sirve, ya que lo único que certifica es que en ese día específico el vehículo estaba en buen estado. A modo de ejemplo, señaló que cuando era funcionario supo de casos de taxistas que cuando iban a hacer la VTV, "sacaban las cubiertas nuevas que tenían guardadas en el garaje de su casa" y luego de la inspección volvían a colocar las viejas. Además, señaló que la única inspección que sirve es la frecuente. La ley de Tránsito (Nº 24.449) establece que la autoridad de aplicación debe realizar la VVV (Verificación a la Vera de la Vía) a particulares y al transporte público.  Esto implica pedir la VTV y también revisar el vehículo con la posibilidad de retenerlo. O ir a la madrugada a los depósitos y revisarlos, para que no se comprometa al pasajero.


Multas
En un  Juzgado de Faltas se pudo confirmar que las líneas municipales implicadas poseen muchos antecedentes de faltas. Suman, desde 2002, 99 infracciones. Los motivos de estas multas son cruzar semáforos en rojo, estacionar mal, no portar cédula verde, transitar sin licencia ni cobertura a terceros, o no estar en condiciones de funcionamiento. 
La línea Este es la más sancionada. Se le labraron 34 infracciones, por las cuales sus responsables sólo se hicieron presentes en cuatro audiencias. Allí se les fijaron multas por 1.803 pesos. Pero aún no fueron pagadas.
A la línea Oeste se la notificó por  30 infracciones, de las cuales se presentó sólo por una, y se acordó una multa por un valor de 1293 pesos. Tampoco fue abonada.
En el caso de la línea Sur, de las infracciones labradas, que fueron 20, sólo se presentó a una, y establecieron un monto por 76 pesos. No fue abonado hasta el momento.
Por último, la Línea Norte sólo tuvo 15 infracciones pero no concurrió a ninguna audiencia, por lo que no se fijaron los montos de las multas.

El sistema

El transporte automotor público municipal está organizado en cuatro zonas: Norte, Sur, Este y Oeste. Cada zona está subdividida en lo que se denomina “líneas puras”. Cada “línea” no puede salir de su zona. Tiene su origen y destino dentro de ésta; conectan la periferia con el centro de la ciudad pero no las periferias entre sí, lo que deja a ciertos sectores de la ciudad sin una conexión suficiente. 



De las 47 líneas de micros de La Plata, el 90% está en manos de dos empresas: Empresa Línea 7 (además concesionaria de la línea 307) y Empresa Nueve de Julio. 



CONCESIONARIOS DE LAS LÍNEAS
ZONA
RAMAL
EMPRESA
ESTE
10, 11, 12, 13, 14, 16, 45,61, 62 y 80
 EMPRESA LÍNEA 7 SAT
18 y 19
UNION PLATENSE S.R.L.
OESTE
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23,
EMPRESA NUEVE DE JULIO SAT
24, 26, 61, 65, 82, 84, 85 y 86
NORTE
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y Rondín
EMPRESA NUEVE DE JULIO SAT
SUR
18, 19, 40, 41 y 80
EMPRESA LÍNEA 7 SAT
10, 15 y 21
EMPRESA LA UNION SA
PROVINCIALES
202
EMPRESA LA UNION SA
214
UNION PLATENSE SRL
273
UNION PLATENSE SRL
275
EMPRESA FUERTE BARRAGAN SAT
307
EMPRESA LÍNEA 7 SAT
























Pese a que la ordenanza nº 7388 habilita al Concejo Deliberante a modificar el trazado de las líneas sin que esto dé derecho a las empresas a reclamar indemnizaciones, éstas no se volvieron a trazar acorde a las necesidades de los usuariosY otra ordenanza establece que las empresas están obligadas (bajo amenaza de multa) a colocar en todas sus paradas la frecuencia horaria.
Para Zuccarrelli, el sistema actual no tuvo en cuenta el tránsito. Si una línea debe atravesar el microcentro (sector entre 1 y 13, y 44 y 55) a la velocidad permitida y respetando las paradas y se suma el tránsito propio de la zona, eso significa una gran pérdida de tiempo y de dinero (en combustible y desgaste del vehículo). Para el ex funcionario, la forma de solucionarlo es "limpiar" la vía de estorbos y obstáculos, con carriles exclusivos y con la prohibición del estacionamiento de particulares en las avenidas.
En 1987, en calle 7 se implementaron carriles exclusivos para transporte público en los cuales los particulares no podían circular y se redujo el tiempo de los viajes a la mitad. Eso, multiplicado por la cantidad de vehículos de transporte, disminuye la contaminación, el gasto de las unidades y el combustible. En 1989 ya se había planteado la prohibición del estacionamiento de vehículos particulares en el área del microcentro, con un sistema de estacionamiento subterráneo en las afueras y un eficiente sistema de transporte público que lo conectara con el centro platense.
Para Zuccarelli, es un tema político, ya que "si uno le plantea al vecino que no va a poder llegar a 8 y 49 y estacionar ahí, no lo vota en las próximas elecciones".
Por otro lado, hay una idea por la cual cualquier aumento en los gastos se traslada al aumento de la tarifa. En cambio, no hay preocupación por la planificación del tránsito, que es un modo de abaratamiento de los costos.
Ni la antigüedad de las unidades, ni lo arbitrario de los recorridos, ni el caos que es el centro durante el día parecen motivos suficientes para que el Municipio se replantee el funcionamiento del sistema. Para Zuccarelli, en el transporte siempre se mueven intereses económicos poderosos que hacen que ciertos funcionarios se "reblandezcan ante este tipo de hechos" y que, pese a ser un especialista de consulta internacional, nadie del Estado lo llame porque "hiero susceptibilidades y necesitan gente que sea manejable".

Falta de controles y sus consecuencias
El decreto 2059/89 establece que las unidades afectadas al servicio serán sometidas por la Dirección de Transporte y Tránsito tanto a inspecciones técnicas como a desinfecciones cada sesenta días.
Hugo Osini ironizó: “El tema de los 60 días son cosas que sólo se escriben. Está la intención por un lado y después está la realidad. Acá lo único que es oficial es lo que esta escrito y firmado, lo demás no existe…”
Lo que existe son accidentes e incluso muertes de personas que presumiblemente se acentúan por la falta de controles y el incumplimiento de la legislación vigente.
Desde Seguros Rivadavia, una de las principales aseguradoras del transporte municipal, se brindó  un informe siniestral del servicio público local del período que va desde el 1° de enero del 2010 hasta el 30 de septiembre del corriente. Los resultados arrojaron que sólo en este lapso hubo una 743 denuncias. Además, hubo 147 pasajeros con heridas leves, 1 con  heridas medias y 1 con heridas graves. Pero no sólo los usuarios se vieron afectados. También los peatones: 58 heridos leves, 3 con lesiones medias, 6 graves y 2 muertos.
 “Siempre se mueven intereses poderosos, económicos, que hacen que muchos funcionarios se reblandezcan ante este tipo de cosas y lamentablemente la gente no puede atener clase en materia de transporte, tránsito”. sostuvo Daniel Zuccarelli.


Para seguir este tema: http://www.eldia.com.ar/edis/20110226/20110226205012.htm




1.25.2011

Conferencia Latinoamericana de PdI 2010

Periodistas de América y España debatieron el año pasado en Buenos Aires acerca de nuestra disciplina en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Las conclusiones del encuentro (sobre fuentes, contexto histórico-político, soportes, temas, corrupción, subjetividad de los periodistas investigadores, etcétera) elaboradas por el portal DsD, aquí

1.24.2011

El mercado de los bonos de carbono // Primera experiencia regional conjunta en PdI

América Latina está perdiendo una rentable opción de conservación de sus bosques por cuenta de la burocracia y el exceso de trámites. Millones de hectáreas están llegando de forma dispersa a un mercado sin controles y con insuficiente regulación pública”. Así comienza el texto, que se titula “Las ataduras de un gigante verde” y resulta de una experiencia colectiva entre periodistas investigadores de distintos países de Latinoamérica. El artículo final ofrece un panorama de la comercialización de bonos de carbono en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, y hace hincapié en los principales proyectos forestales encontrados.
La experiencia conjunta se enmarca en el "Acuerdo de La Leyenda", un proyecto que busca "aunar los ánimos de varias organizaciones de periodistas autónomas que quieren trabajar juntas en proyectos colectivos de periodismo de investigación en la región”.  Esta primera experiencia conjunta latinoamericana de Periodismo de Investigación comenzó a desarrollarse hace unos meses, coordinada por organizaciones como el Consejo de Redacción (Colombia), FOPEA, la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji), el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile (Ciper), la revista mexicana Emeequis, el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Hoy está listo el primer resultado, una investigación sobre el mercado de los bonos de carbono realizada por 89 periodistas de 11 países y editada por la costarricense Gianina Segnini (Costa Rica). 
El informe, aquí: